Morning Chronicle - Gobierno colombiano descarta aumento del IVA y busca nuevas fuentes de financiación

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Gobierno colombiano descarta aumento del IVA y busca nuevas fuentes de financiación
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Gobierno colombiano descarta aumento del IVA y busca nuevas fuentes de financiación

Ante la inminente crisis de las finanzas públicas y la fuerte oposición social, el presidente Abelardo de la Espriella ha decidido excluir del proyecto de Ley de Rescate cualquier aumento a la tarifa del IVA para productos básicos. Esta reversión obliga al ejecutivo a diseñar nuevas estrategias de recaudación en un contexto donde Colombia figura entre los países de la OCDE con mayores cargas tributarias.

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El gobierno colombiano se ha visto obligado a reconfigurar su estrategia fiscal tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de no incluir en la Ley de Rescate un aumento generalizado de la tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA). Esta decisión, que busca proteger la canasta familiar, surge en medio de una grave crisis de las finanzas públicas y de la presión ejercida por sectores sindicales y políticos que amenazaban con protestas masivas si se incrementaba el gravamen a productos básicos.

El mandatario confirmó que la tarifa del IVA se mantendrá en su nivel actual del 5% para los bienes esenciales, excluyendo de cualquier subida items como chocolate, pastas, café, azúcar y aceites. Además, se ha indicado que la medicina prepagada probablemente quedará fuera del alcance de futuras modificaciones tributarias. Esta medida representa un giro significativo, ya que el aumento del IVA era inicialmente considerado la columna vertebral para generar nuevos ingresos fiscales en el paquete de rescate económico.

La intervención directa del presidente en este tema marca una ruptura con su postura anterior de mantenerse al margen del debate legislativo, delegando la defensa del proyecto en el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. La decisión se toma tras identificar una fuerte oposición tanto en el Congreso como en la ciudadanía, lo que llevó a la administración a retirar la propuesta para evitar un fracaso político y social.

Esta reversión obliga al gobierno a realizar un "borrón y cuenta nueva" para identificar fuentes alternativas de financiación, una tarea compleja dada la situación de máximo estrés de las cuentas públicas. Colombia se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que aplican tarifas elevadas tanto de IVA como de impuesto sobre la renta, un factor que ha sido señalado como un freno a la competitividad del país.

Aunque el ejecutivo había propuesto inicialmente una reducción gradual del impuesto de renta corporativo —del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028—, las actuales circunstancias financieras hacen difícil que se pueda cumplir con lo prometido. La necesidad de recursos urgentes choca con la promesa de alivio tributario.

Desde diversos sectores políticos y económicos se han presentado alternativas para conseguir los recursos necesarios. Existe un consenso generalizado en la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para reducir el gasto público. Críticos argumentan que el tamaño del Estado heredado del gobierno anterior es insostenible, señalando una estructura burocrática con entidades que duplican funciones o tienen responsabilidades difusas.

El expresidente Álvaro Uribe presentó una propuesta alternativa a través de su partido, Centro Democrático, abogando por un "Estado sustancialmente pequeño" y una legislación tributaria disruptiva y simple. Entre las iniciativas discutidas se incluyen descuentos en el capital para deudores morosos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), con el objetivo de recaudar entre 10 y 15 billones de pesos. También se considera la eliminación o fusión de hasta 200 entidades públicas con duplicidad de funciones.

Otra opción debatida es la venta de una parte de la participación estatal en Ecopetrol. Aunque ya está autorizado vender otro 9% de las acciones, adicionales al 11% que ya posee el sector privado, expertos advierten que realizar esta operación en el momento actual podría ser contraproducente debido a la percepción de malos manejos en la gestión pública. Se sugiere robustecer la empresa estatal para que entregue mayores dividendos y utilidades a la nación.

El gobierno también debe revisar la sostenibilidad del subsidio a los combustibles, especialmente al diésel (ACPM), que presenta una diferencia de precio de aproximadamente 5.000 pesos frente a la gasolina. Este subsidio resulta muy costoso para las finanzas públicas y ha sido difícil de desmontar por el impacto en el gremio transportador de carga y en la inflación.

El tiempo corre en contra del ejecutivo. Con menos de un mes para que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso, programadas para el 16 de diciembre, aún no existe un texto definitivo de la Ley de Rescate para iniciar la discusión en las comisiones económicas conjuntas de la Cámara y el Senado. Se prevé inevitable la convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto.

Con la excepción del Pacto Histórico, todos los partidos políticos coinciden en que la inacción podría desencadenar una crisis inminente en 2027. La atención se centra ahora en lo que surgirá de las negociaciones legislativas en las próximas semanas.

E.M.Hall--MC-UK