Cascada de condenas y juicios pendientes por el escándalo de la Ungrd en 2027
En febrero de 2027 se cumplirán tres años desde la revelación pública del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Si bien ya existen cinco condenas firmes, el caso continúa con juicios inminentes contra exministros y la búsqueda de exfuncionarios que huyeron del país.
A principios de 2027 se cumplirán tres años desde que el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) salió a la luz pública, marcando el inicio de lo que se ha descrito como el mayor hecho de corrupción registrado durante el anterior gobierno colombiano. Aunque hasta el momento existen cinco condenas firmes, la resolución jurídica completa del caso permanece pendiente, ya que no se ha definido el estatus legal de varios altos funcionarios de aquella administración, entre ellos dos exministros y nueve excongresistas.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal el 20 de febrero de 2024, basándose en denuncias mediáticas sobre presuntas irregularidades en la adquisición por parte de la Ungrd de cuarenta carrotanques. Estos vehículos fueron destinados a llevar agua potable a La Guajira durante la sequía extrema provocada por el fenómeno de El Niño. Posteriormente, se sumó a esta investigación una denuncia presentada por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del gobierno anterior, contra Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Sneyder Pinilla, subdirector para el Manejo de Desastres; y varios contratistas involucrados.
Idárraga declaró que era claro para su equipo que existía una red de contratistas que habría concertado precios para adjudicarse el contrato de los carrotanques. Sin embargo, la naturaleza del caso se complejizó cuando Pinilla reveló que parte de los fondos destinados a la provisión de agua en La Guajira fueron desviados para entregar dinero a congresistas, con el objetivo de favorecer la aprobación de las reformas del gobierno de entonces. El exsubdirector afirmó que recibieron recursos económicos quienes ejercían como presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Olmedo López también proporcionó detalles sobre la supuesta trama, describiendo un "cónclave" donde altos funcionarios, ministros y directores de departamentos habrían tomado decisiones y emitido órdenes para proceder con lo planeado. Según sus declaraciones, él transmitió estas instrucciones a Pinilla. Estas revelaciones apuntan a una coordinación para favorecer las reformas legislativas y cometer otras irregularidades administrativas.
Como resultado de las investigaciones sobre los actos de corrupción ocurridos entre mediados de 2023 y principios de 2024, se han dictado varias condenas. Sneyder Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión; Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la dirección de la entidad, a cuatro años; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Ungrd, a tres años y siete meses. Asimismo, el contratista Luis López Rosero recibió una sentencia de seis años y ocho meses, y Francisco Estupiñán, gerente de ventas de la Corporación Yupurutú, fue condenado a nueve años y once meses.
En cuanto a los altos funcionarios pendientes de juicio, varios han recuperado su libertad. A principios de este mes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la salida del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras atender un recurso contra su prisión preventiva, determinando que no representaba un peligro para la comunidad. La Corte Suprema ha pospuesto para febrero próximo el inicio del juicio contra Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
De manera similar, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recuperó la libertad en abril pasado debido al vencimiento de los términos legales. Su juicio también está programado para febrero próximo ante la Corte Suprema, enfrentando cargos idénticos a los de Velasco. Según las declaraciones de Olmedo López, tanto Bonilla como Velasco participaron en una reunión el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde altos funcionarios del gobierno anterior le dieron instrucciones para entregar dinero y contratos a congresistas específicos.
Otro exfuncionario que recuperó la libertad es Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien salió en mayo pasado por vencimiento de términos. Ortiz está llamada a juicio por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía la acusa de haberse prestado para entregar supuestamente 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Olmedo López sigue en prisión mientras colabora con la justicia a la espera de su juicio. En agosto pasado, un juez prorrogó por un año el principio de oportunidad que se le había otorgado, tras aceptar los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravada.
El escándalo también ha provocado la huida de otros exfuncionarios. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dapre), y César Manrique, exdirector de Función Pública, salieron del país tras ser mencionados en las investigaciones. González se refugió en Nicaragua bajo asilo político del régimen de Daniel Ortega, mientras que el paradero de Manrique es desconocido.
Por su parte, la Corte Suprema ha llamado a juicio a seis excongresistas por el delito de cohecho impropio: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz Cabrera. Se les acusa de aceptar dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Adicionalmente, Iván Name y Andrés Calle son sindicados por recibir 3.000 millones y 1.000 millones de pesos respectivamente, para favorecer las reformas del anterior gobierno.
La situación jurídica de los altos funcionarios sigue en proceso, con fechas clave de juicio fijadas para el próximo año, lo que mantiene la atención sobre la resolución final de este caso de corrupción estructural.
L.Lawrence--MC-UK