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Gobierno colombiano investiga a Starlink y operadores móviles por señales en prisiones
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Gobierno colombiano investiga a Starlink y operadores móviles por señales en prisiones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) inició acciones legales contra varios proveedores de telecomunicaciones tras hallazgos de antenas y dispositivos en centros penitenciarios. La medida busca sancionar el incumplimiento de la obligación legal de atenuar señales en establecimientos carcelarios.

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), anunció formalmente la apertura de investigaciones administrativas y la formulación de cargos contra múltiples operadores de telecomunicaciones. Esta decisión responde al presunto incumplimiento de la obligación legal de restringir o atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia.

El primer caso se dirige específicamente contra Starlink Colombia S.A.S., por el supuesto incumplimiento de su deber legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que alcanzan estos centros. Según el comunicado oficial, la medida se adoptó tras un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, donde fueron encontradas seis antenas de Starlink junto con cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.

Posteriormente, el MinTIC identificó conexiones a internet mediante redes WiFi proporcionadas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios adicionales: La Picota en Bogotá; Bellavista en Bello, Antioquia; Acacías en Meta; y Las Heliconias en Florencia, Caquetá. El ministerio señaló que estos hallazgos motivaron la actuación administrativa para determinar si la empresa adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión.

La normativa colombiana, contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios. El incumplimiento de esta disposición es el eje central de las acusaciones.

Además de Starlink, el MinTIC abrió investigaciones y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (COMCEL) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (TIGO). Estas empresas son acusadas de no cumplir con las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en el establecimiento penitenciario La Picota.

El ministerio explicó que las actuaciones buscan establecer si estas compañías adoptaron las medidas necesarias para cumplir las disposiciones que ordenan restringir las señales de transmisión, recepción y control de los servicios de telecomunicaciones móviles dentro del establecimiento. Durante los operarios realizados en La Picota, se encontraron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos. El gobierno afirmó que estos hallazgos evidencian la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para impedir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.

El comunicado oficial recordó que, de comprobarse el incumplimiento en las investigaciones, las empresas podrían enfrentar procesos sancionatorios de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensión en las operaciones y hasta cancelación de licencias. El gobierno enfatizó que los operadores deben cumplir con las obligaciones legales y adoptar las medidas técnicas exigibles para contribuir al control de las comunicaciones no autorizadas en los centros de reclusión.

El presidente Abelardo De la Espriella se pronunció sobre la investigación a través de sus redes sociales, expresando su postura firme contra el uso de tecnología por parte de los delincuentes. "¡NO MÁS SEÑAL PARA LOS DELINCUENTES DESDE LAS CÁRCELES! He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios", escribió el mandatario.

De la Espriella agregó: "El Estado de Derecho no puede permitir que los bandidos aprovechen las fallas de los operadores de telecomunicaciones y las debilidades institucionales para extorsionar y aterrorizar a los colombianos de bien desde la supuesta 'comodidad' de una cárcel". El presidente concluyó su mensaje con un llamado a la responsabilidad compartida: "¡SE ACABÓ EL RECREO! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida. La responsabilidad es de todos: operadores, MinTIC, INPEC, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública. Quien incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley. LAS CÁRCELES SON PARA CUMPLIR CONDENAS, NO PARA DIRIGIR EL CRIMEN".

E.Quill--MC-UK